Desde UGT, CCOO y CSIF lamentan el colapso de las oficinas de documentación de la Dirección General de la Policía, sobre el que ya advirtieron en su nota de prensa del pasado 21 de junio, y cuyas consecuencias ahora paga la ciudadanía.

Los sindicatos dieron la voz de alerta sobre la situación de las unidades de documentación de la DGP, donde la falta de previsión y organización de los responsables policiales estaba generando, según UGT, CSIF y CCOO, una “tormenta perfecta” para que se saturase este servicio público.

Finalmente, y por desgracia, las previsiones que anunciábamos los sindicatos se han cumplido y el mapa del territorio nacional cuenta ya con pocas excepciones de oficinas de expedición que ofrezcan citas antes del mes de septiembre.

Las personas responsables de la Dirección General han realizado aclaraciones a este respecto sobre la falta de previsión de la ciudadanía a la hora de organizar sus gestiones, así como de los plazos que tienen los documentos para renovarse con antelación. Sin embargo, y ante lo que consideramos una dejadez de los gestores del organismo, lo que los sindicatos consideran que es necesario poner de relieve es el hecho de que ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el propio organismo policial se haya puesto ningún tipo de remedio para dotar a estas oficinas del personal cualificado para las tareas administrativas que la ciudadanía merece, dejando año tras año sin cubrir las plazas de personal no policial que presta sus servicios en la Policía, y a las que se les encomiendan este tipo de labores, aumentando hasta sumar un total de casi 2.500 plazas vacantes, lo que supone que casi el 50% de los puestos de este tipo de plantilla están actualmente sin cubrir. “En estas condiciones resulta imposible ofrecer un servicio público ágil y de calidad en la tramitación de un tipo de documentación que todos los ciudadanos y las ciudadanas están obligados a tener en vigor”, recalcan estos sindicatos.

La falta de personal no policial alcanza algunas de sus peores cuotas en Jefaturas de Policía a las que están adscritas un gran número de estas unidades de documentación –como es el caso de Madrid, Cataluña o Andalucía-, en donde la tasa de vacantes se eleva en ocasiones hasta casi el 60%. “Esta falta de interés en la cobertura de las necesidades en materia de recursos humanos por parte de la DGP ha provocado que estos grandes núcleos de población hayan extendido el colapso en todas direcciones hasta ahogar el servicio público en el resto del mapa”, indican los sindicatos.

Por otro lado, las organizaciones sindicales también señalan que existe un gran número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que la propia Dirección General está detrayendo de sus labores puramente policiales para destinarlos a labores de expedición, en una línea de gestión que arroja una balance negativo por partida doble: el déficit de estos efectivos en tareas que también resultan esenciales, como sucede con la seguridad ciudadana, así como el sobrecoste que supone destinar a agentes del CNP a oficinas de documentación en lugar de al personal administrativo de los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado, cifrado en más de 140 millones de euros anuales según CSIF, UGT y CCOO.

Como sucedía con los malos estudiantes, la DGP suspende antes del verano y deja los deberes para septiembre, congestionando así el servicio público que tiene encomendado en tareas de documentación.