El Consejo de la Transparencia se declara incompetente para hacer cumplir a los ayuntamientos la Ley Estatal Básica que obliga al Acceso a la Información Pública

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) de UGT Región de Murcia  denuncia el desamparo y la indefensión jurídica a la hora de recabar informes de negociación en los Ayuntamientos murcianos y el agravio comparativo respecto a otras Comunidades Autónomas.

Al respecto, indicar que en noviembre de 2017 desde la Junta de Personal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se pidió acceso y copia del acta de la Mesa General de Negociación que se había celebrado unos días antes, obteniendo el silencio administrativo por respuesta, es decir, negándola, por lo que unos meses más tarde, FeSP-UGT puso el caso en conocimiento del Consejo de la Transparencia de la Región e instó a que se obligara al Consistorio torreño a dar la información.

Pues bien, el Consejo de la Transparencia, en base a un Dictamen de 2017, resuelve que no tiene competencia respecto a los Ayuntamientos para resolver reclamaciones referidas al artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), ni para controlar el incumplimiento de las obligaciones en cuanto a publicidad activa.

Dados los hechos,  FeSP-UGT considera un agravio comparativo con respecto a otras comunidades y recuerda  que se está   vulnerando  el derecho constitucional a la igualdad de aplicación de las norma al incumplir la normativa estatal básica que regula el acceso a la información procedente de administraciones pública.

Por todo ello, FeSP-UGT ha denunciado ante la Delegación del Gobierno esta situación para que tomen cartas en el asunto y se adopten las medidas necesarias para que Comunidad Autónoma cumpla con las obligaciones de la LTAIBG.

Asimismo, el sindicato también ha interpuesto un contencioso administrativo por la inadmisión del  Consejo de la Transparencia en la que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad y va a plantear un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional.