En el marco de las recomendaciones del Informe de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, se ha desarrollado un proceso de negociación entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales destinado a abordar un primer paquete de reformas que necesita el sistema de pensiones y la Seguridad Social. Fruto de esa negociación se acaba de firmar el Acuerdo de pensiones, resultado de un importante esfuerzo negociador en el que UGT ha sido un actor principal.

Se trata de un acuerdo que introduce, al mismo tiempo, mejoras para los pensionistas y para el sistema de pensiones de un gran alcance y dimensión. El acuerdo deroga, en primer término, las amenazas reales y vigentes de la reforma pensiones de 2013, de lo que se beneficiarán todos los pensionistas presentes y futuros de este país: desaparece la posibilidad de aplicarlas y de causar un irreparable daño a los pensionistas y al sistema público de pensiones.

Segundo, el acuerdo elimina el déficit de la Seguridad Social mediante el compromiso del Estado de que alcanzará un volumen de 24.000 millones de euros en transferencias anuales, de las que ya se han comenzado en 2021 a realizar 14.000 millones. No se trata de regalo alguno a la Seguridad Social y a los pensionistas para que desaparezca el déficit, en absoluto. Muy al contrario, se trata de que la Seguridad Social venía pagando desde hace muchísimos años con las cotizaciones una enorme cantidad de gastos de muy distintos tipos que no le corresponden por variadas razones (o bien no son prestaciones, o no son contributivas, o son contributivas, pero sin cotizaciones que las respalden, o son reducciones de cotizaciones, o son subvenciones cruzadas del Régimen General a otros regímenes, etc.). Lo que ocurre en realidad es que, como resultado de esa regularización y reajuste, DESAPARECE EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Lo cual constituye un elemento fundamental para la sostenibilidad del sistema público de pensiones y desmonta uno de los grandes argumentos de los que pretenden amenazarlo, recortarlo y privatizarlo.

Tercero, el acuerdo contiene un conjunto de medidas para producir pequeñas elevaciones voluntarias de la edad efectiva de jubilación. En este sentido, se combinan la reducción mayoritaria de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada voluntaria, y el incremento de las compensaciones por demorar voluntariamente la jubilación más allá de la edad ordinaria de cada persona. La discusión de todo esto en el proceso de negociación nos ha permitido incorporar mejoras y avances en derechos no contemplados en la propuesta inicial, como la reducción de coeficientes en la jubilación anticipada involuntaria, la ampliación de las condiciones de acceso a la misma, etc.

Cuarto, hay en el acuerdo un planteamiento avanzado para la cotización por ingresos reales en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo que permita superar la trasnochada y regresiva libre elección de las bases de cotización.

Finalmente, hay un conjunto de medidas que benefician a las personas jóvenes, a las personas trabajadoras de mayor edad, a los trabajos fijos discontinuos, a las personas cuidadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, etc…

Solo destacamos en este momento los grandes grupos de medidas y las más importantes de ellas, de un acuerdo que supone, en definitiva, un avance en el Estado del Bienestar y un golpe a las políticas neoliberales que impulsaron la reforma del PP de 2013.

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