Una encuesta realizada por UGT, primer sindicato en número de representantes de la AGE, revela que el 97% opina que es necesaria su regulación.
El Sector AGE de la FeSP-UGT ha realizado una encuesta esta misma semana en la que el 70% de las y los empleados públicos de la Administración General del Estado consideran que al menos el 75% de su trabajo se puede realizar acogiéndose a la modalidad del teletrabajo.
En estos momentos estamos asistiendo a una situación muy inusual, en la que el teletrabajo ha pasado de ser una opción a una necesidad, máxime cuando las estadísticas en el Sector indican que dos de cada tres empleadas y empleados públicos lo están realizando. Es obvio que el teletrabajo es una opción que ha venido para quedarse y en la que hay que perfilar el modelo adecuado para que sirva tanto a la prestación del Servicio Público como a la salvaguardia de los derechos de sus protagonistas.
Más de la mitad de los encuestados (52%), valoran la experiencia como satisfactoria frente al 6,6% que la tachan de insatisfactoria. El 43% considera que tiene ventajas e inconvenientes.
Entre las ventajas, los encuestados señalan tanto la flexibilidad horaria y la conciliación (45%) como la reducción del tiempo empleado para desplazamientos con la consiguiente mejora medioambiental (44%).
El principal inconveniente que manifiestan los encuestados es la sobrecarga de trabajo y la prolongación de la jornada laboral (68%). Le sigue en segundo lugar (24%) los problemas psicológicos que pueda generar (miedo a trabajar normalmente, a no promocionar, a sensaciones de aislamiento…).
La encuesta, que ha tenido más de 2.000 participantes en 48 horas, también revela que a dos de cada tres trabajadores la Administración no le ha facilitado los medios necesarios, así como que el 92 % asegura no haber recibido en ningún momento de su carrera profesional la formación necesaria para trabajar.
En cuanto a las condiciones necesarias para teletrabajar en el domicilio: espacio y mobiliario adecuados, ordenador y conexión a internet…, el 10% considera que su domicilio no las reúne y el 49% que necesitaría mejoras en algunos aspectos.
La primera conclusión que UGT extrae, a falta de un estudio en profundidad es que la Administración deberá realizar una inversión en equipos, soporte técnico y formación si quiere que con este sistema se mejore la productividad.
Por último cabe señalar que se hace evidente la imperiosidad de constituir el grupo de trabajo que UGT y CCOO plantearon a Función Pública y que recoge el acuerdo de desescalada si queremos implementar un teletrabajo pensado también para el bienestar de las personas trabajadoras, que permita la conciliación y se alíe con la lucha con el cambio climático. Sólo será posible a través de las alianzas que genera la Negociación Colectiva.
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