EL CONGRESO CONVALIDA EL REAL DECRETO LEY 16/2020 DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR 178 SÍES Y 161 EN CONTRA, SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
Para UGT el trámite de urgencia del Proyecto de Ley del Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID 19 en la Administración de Justicia, es una oportunidad para mejorar su contenido si se recogen las propuestas presentadas por UGT en aras de garantizar la salud de los funcionarios en su progresiva incorporación, ya que ese tramite de urgencia permite la modificación del texto del Real Decreto Ley con la presentación de enmiendas por parte de los grupos .
UGT lamenta que el Ministro de Justicia haya perdido una oportunidad para practicar ese ansiado consenso del que tanto ha hablado en las reuniones mantenidas con UGT y demás sindicatos representativos y que tan poco ha practicado al cabo de las mismas.
UGT ya ha mantenido contacto con los responsables de la Comisión de Justicia de algunos grupos políticos en el Congreso. En ese sentido les hará llegar las propuestas que este sindicato presentó al Ministro Juan Carlos Campo para su toma en consideración e inclusión tanto en el Real Decreto Ley como en su desarrollo por la Orden JUS/394/2020 por la que se aprueba el esquema de seguridad laboral y el Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID 19.
La primera alegación de UGT ha sido siempre la de garantizar prioritariamente la salud de los trabajadores en el proceso de reincorporación al trabajo. Para ello UGT propuso una serie de medidas preventivas que deberían de asegurarse antes de comenzar la desescalada, entre las que destaca:
- Medición de la temperatura en los accesos de los edificios judiciales, mediante la instalación de cámaras termográficas y control del aforo en los mismos.
- Realización de los tes PCR a los trabajadores que se reincorporen al trabajo, priorizando a aquellos que estuvieran de baja diagnosticada por Covid 19 o por sospecha del mismo. UGT pidió que estas pruebas fueran sufragadas por la MUGEJU.
- Garantizar la disponibilidad ineludible de EPIS por parte de la administración cuando no fuera posible mantener la distancia entre personas en los juzgados, fiscalías y oficinas judiciales.
- Dotación especial de EPIS para los Servicios de Actos de Comunicación, atendiendo a la especial peligrosidad de la labor de este colectivo.
Junto a estas se recomendaron otras de carácter organizativo que garantizan una reincorporación en condiciones de seguridad y respetando la conciliación familiar que se pueden ver en el documento de alegaciones a través del enlace.
Desde UGT esperamos que el Ministro de Justicia haya aprendido la lección de la necesidad de negociar en lugar de imponer.
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