La clase trabajadora de este país, incluidas las empleadas y los empleados públicos, es la que más ha padecido los gravísimos efectos de este largo período de crisis que, tras una década de políticas erróneas de ajuste y recortes llevadas a cabo por los gobiernos, se ha visto reflejada una pérdida indecente de empleo y un deterioro inaceptable de las condiciones de trabajo. Período de crisis que está quedando atrás, como así lo vienen reconociendo los datos macroeconómicos con los porcentajes y beneficios empresariales, y las previsiones del Gobierno.

Por otro lado, estos últimos años hemos asistido a una de las más graves campañas de deslegitimación de los Servicios Públicos y del Empleo Público bajo el falso mensaje de que resultan insuficientes, costosos y anacrónicos en un entorno de creciente crisis donde las recetas aplicadas de forma reiterada (recortes) han demostrado lo infructuoso de su resultado, con efectos muy negativos para la ciudadanía y el Estado de Bienestar.

El empleo público y las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos no han sido ajenos a las políticas de recortes. Desde 2010 con el Gobierno de Zapatero, y muy especialmente desde la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno del PP, además de las leyes de presupuestos año tras año, se han perdido cerca de 350.000 puestos de trabajo, se han recortado y posteriormente congelado salarios y se han eliminado derechos conquistados en materias tan sensibles como jornadas, conciliación, igualdad, salud laboral, formación o acción social, entre otras, vulnerando reiteradamente el derecho efectivo a la negociación colectiva reconocido así en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia Constitución.

Así, los decretos, recortes, reformas y demás medidas del Gobierno, han vulnerado el derecho a la Negociación Colectiva en la AGE, impidiendo su capacidad para ordenar con eficacia las relaciones laborales, lo que ha generado negativas consecuencias sobre los derechos individuales y colectivos de los empleados públicos de la AGE, degradando aún más los niveles de estabilidad, volumen y calidad en el empleo.

Durante este largo período no ha habido espacios que hayan permitido, a través del diálogo social y la negociación colectiva, iniciar una etapa de recuperación de derechos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, hasta el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito el 29 de marzo de 2017. Acuerdo que está siendo desigual en su desarrollo, y especialmente lento en la Administración del Estado.

No obstante, tras la firma del Acuerdo Administración-Sindicatos de 9 de marzo se abre un nuevo escenario de negociación en las condiciones laborales y retributivas del personal de la Administración General del Estado. (...)

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