El sindicato exige a las empresas del sector que se sienten a negociar un convenio colectivo autonómico, así como el cumplimiento de las tablas salariales en vigor
UGT Servicios Públicos urge al Gobierno regional a acometer un incremento en los Presupuestos Regionales para de 2023 que garanticen unas condiciones laborales justas en los centros de protección de menores y de reforma juvenil y por este motivo se ha concentrado hoy a las puertas de la Consejería de Política Social.
La prestación del servicio público en los centros que acogen a los menores tutelados por la Administración Regional se encuentra en una difícil situación y requiere una respuesta urgente para acabar con la precariedad salarial que padecen las trabajadoras y trabajadores del sector, introduciendo mejoras económicas en el presupuesto regional del próximo año 2023.
Así, UGT Servicios Públicos considera que, para ofrecer una mejora en la calidad de los servicios públicos externalizados que atienden a los menores en la Región, es imprescindible un avance en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, entre ellas cumplir con las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo del sector así como la actualización de los precios públicos que financian los conciertos sociales vigentes.
Además, este sindicato considera imprescindible apostar por la profesionalización del sector, estableciendo figuras profesionales de referencia y garantía de permanencia de aquellos profesionales que ya venían desempeñado la función de educadores sociales, además de instaurar la figura del concierto social como marco regulador entre la Administración Regional y las entidades que prestan servicios en el sector.
También exige la creación de una mesa sectorial en la que estén presentes patronal, administración pública y sindicatos para reiniciar las negociaciones del convenio autonómico.
Una patronal que no negocia el convenio colectivo autonómico.
Los cambios introducidos en los servicios que vienen prestando las entidades sociales a través de los conciertos sociales requiere una actualización de precios que tenga en cuenta el pago de los atrasos desde el 1 de enero de 2022, así como completar el sistema de conciertos que siguen pendientes para garantizar igualdad trato en todos los contratos.
Buena parte de las empresas del sector se han visto beneficiadas de estos cambios, pues han visto incrementado el precio público que financian estos programas y han resuelto una situación anómala que el sistema de contrataciones anterior.
No obstante, siguen existiendo incumplimientos de sus obligaciones respeto al convenio sectorial vigente, a la hora de aplicar las mejoras laborales introducidas en los conciertos actuales, así como a la negociación seria de un nuevo convenio autonómico para el sector, por lo que UGT Servicios Públicos exige a la patronal que se siente en la mesa con verdadera actitud negociadora.