UGT Servicios Públicos y CCOO han firmado con el Gobierno el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Este pacto contempla, en materia salarial, una subida de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024. UGT ha señalado que este aumento salarial amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleadas y empleados públicos de nuestro país.

Un texto que pone en alza la importancia de la negociación colectiva para lograr acuerdos que mejoren la vida todos y todas: de las y los empleados públicos, que recuperan derechos y la ciudadanía, que contarán con una Administración más moderna y adecuada a sus demandas.

En su intervención durante tras la, que se ha celebrado este miércoles, Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, ha señalado que “es un acuerdo que en lo retributivo va a amortizar de manera sensible los efectos negativos de la inflación y en materia normativa cumple con la preocupación y los anhelos de la mayoría de los casi 3 millones de empleados y empleadas públicas de nuestro país.”

Lacuerda ha destacado  que es la primera vez en la historia de nuestro país que en tiempos de crisis los empleados/as públicos no sufren recortes. “Es una novedad que en periodo de vigencia de los PGE sus salarios se hayan revisado al alza”

Según recoge el acuerdo, el Gobierno plantea una subida salarial máxima del 9,5% entre 2022 y 2024, cuyas cifras se distribuirían en tres años de la manera siguiente:

2022: un incremento del 1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año. Precisamente hoy ha sido publicado este incremento en el BOE. Así, con carácter general,  se cobrará esta subida y los atrasos en el mes de noviembre. Para las CCAA y entidades locales se establece una moratoria hasta el mes de diciembre y, excepcionalmente, hasta marzo del año próximo.

2023: subida fija del 2,5%, más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera operaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 supera el 6% -correspondiente a la suma del incremento salarial previsto inicialmente para estos dos años-, tendría carácter retroactivo, consolidable y se haría efectiva en octubre de 2023. La segunda se cobraría si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el gobierno.

2024: aumento fijo del 2% más un 0,5% variable que se cobraría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Se cobraría con carácter retroactivo y es consolidable.

El texto también incluye cuestiones importantes para mejorar la situación laboral de los empleados públicos, como son percepción íntegra del salario en las situaciones de Incapacidad Temporal; la aplicación de la clasificación profesional y desarrollo del grupo B dentro de las Administraciones; la negociación de la jornada de 35 horas o inferior y regularización de las condiciones del personal laboral en el exterior (PLEX).

El acuerdo incorpora reivindicaciones hechas por UGT, encaminadas a alcanzar un empleo de calidad e impulsar el rejuvenecimiento del personal de las Administraciones. Entre ellas, la recuperación de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos. El acuerdo rescataría la redacción original del artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público (letra d del apartado 1), que alude a esta modalidad dentro de las Administraciones. También se recupera el carácter de mínimos de los permisos y vacaciones en la negociación colectiva.

UGT ha expresado reiteradamente al Gobierno su preocupación por la falta de negociación de planes de igualdad en las Administraciones públicas. Hasta la fecha, sólo seis comunidades autónomas cuentan con uno. En este sentido, el Ministerio propone que se constituya la Comisión de Igualdad para impulsar la obligación de negociar planes de igualdad dentro de las Administraciones públicas, según establece el EBEP.

Se recoge la flexibilización de la promoción interna y la revisión de los procesos selectivos.

El acuerdo derogará los aspectos lesivos del RDL 20/2012 y, además, impulsa la tramitación de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado; la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, así como la necesaria actualización de la clasificación de los centros penitenciarios del país.