El sindicato ha valorado positivamente esta convocatoria, antes de que se agoten los plazos que marca la ley. El Real Decreto Ley 12/2022 fijó un plazo de tres meses desde su entrada en vigor tras su publicación en el BOE, el 6 de julio de 2022, para iniciar un proceso de negociación sindical para la actualización del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Para Ana Francés, secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, “comenzar ya mismo el proceso de negociación nos da un margen mayor para llevar a buen término, en los plazos previstos, el trabajo que tenemos por delante, que es intenso y extenso”

La clasificación profesional del personal estatutario es una las prioridades para la Secretaría del sector Salud de UGT Servicios Públicos. La responsable sindical recuerda que el sindicato “lleva más de una década reclamando la creación del “nuevo” grupo B en el ámbito de los Servicios Públicos de Salud.  El Gobierno no puede postergar más la decisión. La actual clasificación y las funciones vienen heredadas del siglo pasado y no tiene nada que ver con la realidad que viven hoy por hoy los profesionales”

La organización sindical ha fijado entre sus objetivos recuperar derechos como la jornada laboral real y efectiva de 35 horas semanales en todos los Servicios de Salud, persiguiendo una doble finalidad: generación de empleo público y mejora de las condiciones laborales del personal. La responsable sindical también trasladará su propuesta de jubilación.

En materia salarial, además de proponer un acuerdo plurianual, que se debe cerrar en el seno de la Mesa General de Función Pública, UGT Servicios Públicos reclama el cobro de las las pagas extraordinarias completas y recuperar otros derechos que los empleados y empleadas del SNS han perdido por los recortes.

El sindicato también ha anunciado que el jueves, 22 de septiembre, estará presente en la reunión del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se nos informará de los avances sobre el trabajo relacionado con la consecución de unos “criterios comunes” para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, encaminado a reducir la temporalidad en los servicios de salud.