Desde la sección sindical de Servicios Públicos de UGT y CSIF en el Ayuntamiento de Cartagena desmienten al Gobierno Municipal en relación a informaciones trasladadas a los medios de información en relación a la existencia de un refuerzo en materia de seguridad ciudadana y control por parte de la Policía Local de Cartagena.
Según informaciones aparecidas en prensa, autoridades municipales hablaron de un refuerzo, incluso de un dispositivo de vigilancia compuesto por policías de paisano, para el control de la venta de bebidas alcohólicas en nuestro municipio, algo que no existió ni se produjo.
El equipo de Gobierno parece interesado en tapar o blanquear la imagen que se proyecta del municipio y que está teniendo mucho que ver con su capacidad de llegar a acuerdos que satisfagan las reivindicaciones del colectivo de Policía Local.
Este fin de semana hay que reseñar que volvieron a verse afectados las comisarías locales de Cabo de Palos, El Algar, Pozo Estrecho y La Aljorra.
Además, se trató por parte de los responsables del cuerpo de generar la impresión de presencia policial desplazando unidades desde otros lugares con la carencia que operativamente supone para las diputaciones, un ejemplo claro fue el operativo destinado al mercado dominical de Cabo de Palos que aglutinó a las unidades de La Aljorra, Pozo Estrecho, El Algar, y unidades de Cartagena con el fin de calmar las intensas protestas de los comerciantes de la zona.
No existió más que una unidad desde Los Camachos a La Manga para el control de esa inmensa zona altamente poblada ni control alguno durante el sábado en la Manga en los intensos focos de botelleo.
También durante el fin de semana tuvieron que ser anuladas diversas pruebas deportivas y procesiones en barrios y diputaciones al no existir unidades disponibles.
No nos parece bien que ante la situación actual se quiera proyectar de cara a la ciudadanía un refuerzo de seguridad que no existió y que no hizo más que dirigir agentes de otros puntos igual de importantes que están siendo el foco de las críticas al Gobierno: no es por tanto un refuerzo en la seguridad, sino todo lo contrario, un incumplimiento reiterado de los servicios mínimos pactados y una imposibilidad de planificación de la seguridad de las zonas costeras que va de la mano de la falta de acuerdo y soluciones reales para un colectivo que ha perdido la confianza en el equipo de Gobierno.
Asimismo, la corporación municipal realizó el pasado jueves, 14 de julio, una propuesta que no integraba el reconocimiento de conceptos fijos y consolidables y sí el compromiso de alcanzar una justa valoración en la futura Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sobre la ley de Coordinación de Policías Locales de cara a 2023 y que trasladó a los sindicatos, que declinaron tomar decisiones por sí solos, al encontrarse aún distante de las reivindicaciones del colectivo. Así, dicha propuesta fue sometida a consulta en asamblea pública el viernes 15 de julio en el parque de seguridad, siendo rechazada finalmente por más de un 85% de los 120 trabajadoras y trabajadores presentes.