De esta manera nos hemos metido casi en el verano, con aires cálidos y algo de calima, que son el presagio de lo que ya informara la AEMET; un periodo estival más caluroso de lo normal. El fin del estado de alarma y los movimientos hacia las zonas rurales y el medio natural, coinciden con un junio en el que la mayoría de autonomías elevan el riesgo por Incendio Forestal en sus territorios, esos que ya son considerados como una lacra para nuestros montes. Es en estos días cuando se hace más visible el cuidado, vigilancia y protección de nuestro patrimonio natural, porque el cambio climático es un hecho, y España se sitúa entre los países que se van a ver más afectados por sus consecuencias. La desertización avanza a pasos agigantados y las masas forestales ya sufren un estrés hídrico, puesto que llevamos años batiendo records de temperaturas, como en el 2020.
Desde UGT Servicios Públicos volvemos a denunciar que desde las administraciones públicas encargadas de esta gestión no se invierte a razón de las necesidades y ya no se habla de congelaciones, al contrario, en diversos territorios se sigue recortando en medios materiales y en personal. Tanto es así que desde este sindicato venimos advirtiendo a las Comunidades Autónomas de la necesidad de una mayor inversión, justa y proporcionada a lo que la sociedad demanda. Sin embargo, los colectivos que se encargan de velar por nuestros montes ven como otro año más asistimos a la externalización del servicio, o a la apuesta por la temporalidad que en muchos casos ronda el 25, el 30 o el 35% de la plantilla, que es solo contratada para la época estival. Otro dato importante es la nula oferta de empleo para estos colectivos, o la falta de tasa de reposición de profesionales dejándoles cada vez más mermados.
Las competencias asumidas por las comunidades autónomas, presentan un mapa desigual, según ideología y no con la visón técnica que merece un tema de suma importancia, como es la preservación de nuestro medio natural y la lucha contra los incendios forestales. Así muchas de las comunidades no han invertido en los trabajos preventivos, en el diseño de planes de defensa contraincendios forestales, en la renovación de flota de camiones y vehículos de transporte, de infraestructuras, puestos o casas de vigilancia y observación, por no hablar de las condiciones laborales, cada vez más precarias.
Los colectivos en los que la ciudadanía tiene depositada el encargo de vigilar, cuidar y proteger el patrimonio natural, son sin duda, de los más castigados. Convenios colectivos caducados, con condiciones laborales, sociales y económicas de la década pasada. Estos profesionales también se sienten desamparados por el Estado, al que se le lleva años reclamando legislación unificada a nivel estatal que frene los agravios entre las diferentes autonomías, y defina las líneas entre competencias., Pero a pesar del esfuerzo y la lucha de UGT, el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por regularlo, se ha quedado en falsas promesas y palabras vacías.
Estamos hablando de una cuestión muy seria como para jugar con el “fuego”. Fuego que este año ya se ha cobrado más de 18.000 hectáreas en los primeros cinco meses del año, y en el que hemos tenido 6 Grandes Incendios Forestales que duplican la cifra de la media estadística para esta época, y también del año pasado. Un 2020 que vio como ardieron 65.923 ha., de las cuales casi treinta y cinco mil, fueron por 19 GIF, más del 50%. Una cifra escalofriante que nos debería hacer recapacitar para evitar que estos GIF, cada vez más voraces, más agresivos e incontrolables sigan creando una alarma social y ciudadana a las poblaciones que los sufren y, poniendo en situaciones de riesgo a los profesionales que los combaten.
Así las administraciones volverán a encomendarse a un año meteorológicamente bueno, a que aquellas áreas contraincendios que no se hicieron por falta de inversión, no tengan que parar ningún incendio, que aquellos profesionales destinados a la vigilancia que no hemos contratado, no tengan que ver ningún humo, que aquel pueblo siga con vida a pesar de no fomentar la vida rural ni fijar población con empleos dignos y estables. Esperaremos que los que tienen que controlar o investigar los siniestros, no tengan que dejar de hacerlo por la falta de medios o de personal que cubra el servicio, y que haya suficientes camiones o vehículos para llevar al personal a primera línea de llama. En UGT Servicio Públicos seguiremos denunciando y luchando por y para cada uno de las y los compañeros profesionales que defienden nuestros bosques, puesto que es nuestra mayor de la riqueza y legado para nuestros hijos.
