«Hoy queremos denunciar la desigualdad a nivel retributivo que existe entre el personal transferido a las CCAA con respecto al personal dependiente del Ministerio». Existen diferencias en el complemento específico, pero también diferencias en cuanto a recursos de personal. En las Comunidades Autónomas sí ha habido una inversión importante en recursos humanos. Carlos Álvarez, responsable del sector AGE de UGT, ha exigido la homologación retributiva y la equiparación de recusos.
Ha explicado estas diferencias en detalle la responsable de Justicia, Victoria Carrero. «Estamos hablando de un servicio público encargado de dar un derecho fundamental a la ciudadanía. Y estas desigualdades dan lugar a que un nuestro país haya «una doble justicia»; una de primera velocidad, que es la que asumen las comunidades autónomas con el servicio transferido y la segunda, que recae sobre la «España vaciada» y que cuentan con un servicio de peor calidad (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, Órganos Centrales y las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla).
La diferencia salarial anual de una persona empleada en el cuerpo de gestión no transferido y otra transferida al País Vasco, que es la CCAA que mejor retribuye, llega a 8147 euros. En el cuerpo de tramitación la diferencia salarial anual asciende a 5908 euros. Y 5488 en el cuerpo de auxilio.
«En el año 2008 y después de una huelga indefinida de dos meses, el personal del territorio dependiente de la gestión del Ministerio de Justicia conseguimos un incremento del complemento específico, que redujo la diferencias con las Comunidades Autónomas transferidas. Pero a día de hoy los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia, los Cuerpos Especiales y el Cuerpo de LAJs volvemos a estar en una situación de discriminación salarial con respecto a los demás transferidos».
«Cuesta entender cómo un funcionario que tiene los mismos requisitos de acceso a la Administración, desarrolla el mismo trabajo en los órganos judiciales, sirve de igual modo a un poder del estado y pertenece a los Cuerpos Nacionales, padece tal disparidad retributiva. Un ejemplo muy claro es el supuesto de los funcionarios de justicia con destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los funcionarios de Justicia del Tribunal Supremo, estos dos órganos judiciales están sitos en la misma calle de Madrid y un funcionario del TSJM gana una media de 300 euros más al mes que su compañero que está en el edificio de enfrente en el Tribunal Supremo».
Carrero ha instado al Ministro Juan Carlos Campo a convocar sin demora la Mesa de Negociación para acabar con esta brecha salarial.