En CORREOS seguimos siendo subcampeones en contagios por COVID-19. Y los datos avalan que el goteo de nuevos contagios continua. Se confirman 111 por test PCR, hay 751 casos posibles sin confirmar con test y 3.156 trabajadores/as en cuarentena. La empresa sigue sin aceptar la implantación de TEST y toma de temperatura como medida preventiva y de detección. En este escenario se hace improbable que disminuyan los contagios y aumenta el riesgo de rebrotes.
Los Colectivos especialmente sensibles al SARS-COV2 se diluyen. El pasado 17 de junio, el INSS ha actualizado el procedimiento para la gestión de las bajas en este colectivo. Se estima que el riesgo desaparece tras la finalización del estado de alarma a partir del 21 de junio. Por lo que, salvo que el Servicio Público de Salud (SPS) dictamine que un/a trabajador/a deba continuar de baja por sus patologías, a partir de esta fecha se comenzarán a tramitar las altas de quienes todavía permanezcan en esta situación.
Hemos recordado a la empresa en esta reunión que el alta la declarará exclusivamente el médico del SPS, por lo que la empresa no debe presionar o llamar para que se solicite voluntariamente el alta.
Continúan los permisos en caso de conciliación. En el caso de LICENCIAS SIN SUELDO justificadas por conciliación, Correos admite que se sigan solicitando, aunque se haya agotado el período máximo de 3 meses, afirman que serán “especialmente sensibles” para su concesión.
Las REDUCCIONES DE JORNADA de hasta el 100% se podrán seguir solicitando, aunque haya terminado el estado de alarma, y permanecer en esta situación durante tres meses más (hasta el 21 de septiembre).
Hemos vuelto a señalar que tanto las Excedencias por cuidado de hijos/familiares como las Reducciones de jornada son UN DERECHO, y la empresa está obligada a su concesión.
CORREOS entra en la nueva normalidad. El día anterior a la reunión la empresa facilitó un borrador sobre medidas preventivas y organizativas para la actividad laboral una vez finalizado el estado de alarma. CCOO y UGT denunciamos que –una vez más- se pretende imponer sin posibilidad de negociación real unas instrucciones fundamentales para el colectivo, dando prioridad a la actividad y al negocio por delante de la seguridad y salud.
Esta vuelta a la “normalidad” genera sospechas y muchas dudas. Hay preguntas que aún no han sido claramente contestadas, ¿se volverá al trabajo en SÁBADOS? ¿cómo se organiza y quién paga el TELETRABAJO? Recordamos a la empresa la obligación de garantizar la seguridad y proporcionar equipos a quien esté en esta situación trabajando desde casa.
Nos han presentado un “corta-pega” de las medidas organizativas del 15 de marzo y sus desarrollos en la desescalada, documentos que adolecían de medidas preventivas suficientes y que nos condujeron al dudoso honor de ser el colectivo laboral subcampeón de contagio en COVID-19, solo por detrás del personal sanitario.
Aunque hasta el martes se admiten alegaciones No esperamos que el documento final recoja muchas de las medidas que UGT y CCOO venimos demandando:
- Realización de TEST PCR de manera programada/selectiva en las zonas de mayor nivel de contagio, y de manera obligatoria a todo el personal en centros donde se detecten positivos.
- Control de TEMPERATURA a la entrada de grandes centros y donde haya un mayor número de trabajadores/as.
- Pantallas faciales en reparto, para aliviar el uso de la mascarilla ante la llegada del calor.
- Desinfección de EPIs (guantes, cascos) y ropa de trabajo.
- Evaluaciones de riesgos en los centros. La realización de los cuestionarios (se han recibido ya desde 1.000 centros), siendo una medida complementaria que puede detectar problemas con la adecuación de espacios, es insuficiente. Seguimos reclamando la renovación de las evaluaciones y la introducción de las específicas sobre Riesgos psicosociales.
- Suministrar MAMPARAS para todos los puestos de rurales.
- Garantizar la distancia de seguridad en todos los centros adoptando las medidas necesarias, con especial atención a las ventanillas de ATC (no solo debe respetarse respecto del público).
- Medidas organizativas en los centros en los que el espacio disponible no permita observar la distancia de seguridad.
- Mejorar las desinfecciones de centros y hacerlo de manera programada en los vestíbulos de oficinas.
- Traslado de la INFORMACIÓN a los DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN en cada provincia. La gestión de la prevención eficaz no puede hacerse desde la CESL manejando cifras macro. La teoría de las acciones preventivas debe construirse para llegar a los centros y garantizar la seguridad y salud de todo el colectivo, esté donde esté y sea cual sea su puesto. Pero para eso, es necesario informar y dar participación donde realmente se pone en práctica.
No nos cansamos, ni nos cansaremos, de afirmar en las reuniones, que se puede -y se debe- hacer más para evitar contagios en los centros de trabajo.
No podemos olvidar, finalmente, dos temas de seguridad que hemos denunciado públicamente, y de los que hemos dejado constancia en la CESL:
- SERVICIOS RURALES y su seguridad: La empresa sigue intentando trasladar la obligación de garantizar la seguridad y el coste de las medidas preventivas a los trabajadores/as, imponiéndolo sin negociación alguna. De manera torticera y sin negociación ha introducido una cláusula en este sentido en los nuevos contratos, esto es a nuestro juicio ILEGAL, y seguimos demandando que este problema de seguridad debe retomarse, y resolverse respetando los derechos del personal rural (fijo y eventual) y todo el coste de las medidas preventivas debe recaer en la empresa.
- Los desplazamientos que el personal de nuevo ingreso por CONSOLIDACIÓN ha debido hacer para la tramitación de sus contratos, especialmente a Madrid y Barcelona, han supuesto una medida irresponsable e innecesaria.
