El sindicato denuncia las condiciones extremas que viven los empleados y empleadas de las residencias (el 90% son mujeres) y las carencias de personal y problemas laborales que sufrían antes de la pandemia y que ahora se ven aumentadas. 

UGT confía que hayamos aprendido algo de esta pandemia y, a partir de ahora, se refuercen las inspecciones, se incrementen los recursos humanos y las Comunidades Autónomas incluyan en los pliegos de licitación penalizaciones por tener sanciones repetidas desde la Inspección de trabajo. En definitiva, velar por el bienestar y salud de nuestros mayores. 

Hace casi un mes UGT denunciaba que no se estaban realizando los test rápidos ni a las personas mayores, ni al personal trabajador de las residencias de mayores, para conocer si están contagiados y evitar el contagio. Se exigía que se considerara a las residencias como foco de actuación preferente contra el Coronavirus y se reclamaban medidas de limpieza y desinfección de todos los centros residenciales y una inspección de los mismos ante posibles irregularidades en la atención de las personas mayores. Asimismo, aunque se estableció desde el Ministerio un protocolo de intervención para frenar la expansión de la pandemia en los centros residenciales, teniendo en cuenta dos grupos de población a proteger: las personas residentes y el personal que presta sus servicios en los centros, UGT ha denunciado en demasiadas CCAA la deficiente aplicación del mismo. 

Hoy, aunque se han puesto en marcha algunas medidas, como la desinfección de los centros por parte de Bomberos o Ejército, y se han establecido otros mecanismos de protección sanitaria esenciales, UGT considera que sigue siendo preciso implementar más medidas para garantizar la seguridad y salud de todas las personas mayores y los cuidadores y cuidadoras de residencias (el 90% son mujeres). 

No todas ellas cuentan todavía con el material de protección preciso como los Equipos de Protección Individual, ni se realizan los test suficientes, que deben incluir a todos los residentes, los trabajadores y trabajadoras de residencias y sus familiares. 

Un diagnóstico de la situación para tomar medias 

La Unión General de Trabajadores, ante la dificultad de recopilar datos, exige que, tras la pandemia, se realice una auditoría que revele los efectos dramáticos del Coronavirus en las residencias y las medidas que se han ido adoptando en las distintas Comunidades Autónomas para evitarlos. Es necesario realizar un diagnóstico de lo sucedido, saber qué ha pasado y por qué, para tomar las medidas necesarias y eficaces que eviten que esto vuelva a suceder. 

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT había denunciado, con anterioridad, las carencias del sistema. El sindicato señaló muchas de las deficiencias que presentan las residencias de mayores y que venían de lejos, como es la escasez de profesionales para atender a las personas mayores. En concreto las ratios de gerocultoras tan bajas en el sector. Así lo hizo durante dos ocasiones ante el Defensor del Pueblo (el 18 de mayo de 2017 y el 18 de octubre de 2018). La primera denuncia se realizó, además, en el contexto de una campaña a nivel nacional, en la cual desde los territorios se enviaron cartas similares a cada una de las instituciones equivalentes en las distintas Comunidades Autónomas. 

También se ha informado de esta situación al Ministerio de Sanidad en una reunión mantenida el 11 de diciembre de 2019 con su titular entonces, María Luisa Carcedo, para intentar desbloquear el convenio colectivo de las trabajadoras del sector de la dependencia. En dicha reunión se entregó un documento que recoge la situación actual del sector de Atención a las Personas Mayores. Este mismo año, el 9 de marzo, la Secretaria Confederal, Adela Carrió, junto con la Secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de la Federación, Gracia Álvarez, en la reunión mantenida con el actual Secretario de Estado de Derechos Sociales volvieron a informar sobre la situación de las residencias, el bloqueo del convenio, así como de las ratios insuficientes y la pluralidad de regulaciones en las distintas CCAA. 

Asimismo, ha venido exigiendo a las distintas Administraciones que ante sanciones reiteradas a una empresa, se la excluya de la posibilidad de contratar con las Administraciones Públicas. Además se ha reclamado que en la adjudicación de los pliegos primara siempre la calidad sobre el criterio económico en el momento de la adjudicación. 

Más presión en el trabajo, más jornada 

La escasez de personal provoca un aumento de presión en el trabajo y una prolongación de las jornadas laborales, lo que genera cansancio y estrés de las propias trabajadoras en relación a las medidas de protección, aumentando con ello el riesgo de enfermar. 

A las ya exiguas plantillas se unen las bajas laborales que no están siendo sustituidas, entre otras cosas, por la dificultad para encontrar trabajadoras cualificadas (el 90% son mujeres). Una dificultad que se constata cuando el 25 de marzo el BOE publica una Resolución por la que se permite contratar trabajadores no cualificados. 

Por otra parte, pese a ser considerados servicios esenciales, estos trabajadles y trabajadoras tener, en todos los casos, la posibilidad de alojarse en lugares habilitados por las diferentes administraciones para no contagiar a sus familias. 

Otro factor que ha favorecido el contagio en las residencias ha sido la dificultad para mantener el aislamiento de los mayores. Las residencias están pensadas como espacios de convivencia lo que incrementa la dificultad de realizar aislamientos. En España hay 5.417 centros de mayores, que suman un total de 372.00 plazas, según datos del CSIC publicados en abril de 2019. Algunas de estas residencias son pisos, sin el espacio, ni las condiciones suficientes para asegurar el aislamiento. 

Aunque aún no se tienen datos oficiales, debido a la dificultad para realizar un cómputo adecuado, lo que está claro es que entre el 26 de marzo y el 15 de abril, ha habido un aumento exponencial del número de fallecidos, lo que revela a su vez que se deberían haber incrementado las medidas de protección frente al Covid19 en los centros de mayores y las inspecciones en esos centros. 

UGT sigue considerando imprescindible: 

• Para las personas trabajadoras, medidas urgentes de detección de casos de Coronavirus y la dotación de útiles y de equipos de protección individual (EPIS), que se les hagan test para que puedan seguir atendiendo a las personas mayores. 
• A las personas mayores sospechosas de tener el virus, se les tiene que realizar inmediatamente la prueba, para que queden aisladas. Seguir estableciendo protocolos para la atención sanitaria que requieren los mayores durante la actual pandemia en los centros residenciales y, de esta manera, aliviar la presión de los centros sanitarios, además de prevenir el contagio del resto de personas mayores que residen en los centros. 
• Continuar con las medidas de limpieza y desinfección de todos los centros residenciales y, si fuera necesario, cerrar los centros y trasladar a sus residentes, para poder desinfectarlos y de esta manera reducir la propagación del virus. 
• Aumentar las inspecciones de las residencias ante posibles irregularidades en la atención a las personas mayores y para evitar que se reduzcan los fallecimientos sin diagnóstico. 
• Pero si algo debemos aprender de esta crisis, en relación con este tema es la necesidad de: 
• Realizar más inspecciones en los centros de mayores. 
• Reforzar la atención sanitaria a los mayores porque su salud es bastante más vulnerable que la de la población en general, en lo que la Atención Primaria y Comunitaria ha de tener un papel esencial 
• Aumentar los recursos humanos y las ratios de gerocultoras en residencias, para prestar una atención de mayor calidad en los centros de mayores. 
• Velar por la atención de las personas mayores dependientes