En nuestro país hay cerca de 22.000 trabajadores de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Padecen una gran inseguridad jurídica; su personal ha estado históricamente incluido en el Convenio de seguros, reaseguros y Mutuas. Sin embargo debido a las modificaciones legislativas que afectan al sector desde el año 2010, hay partes de este convenio -por ejemplo las tablas salariales- que no son de aplicación. El sindicato calcula que han perdido alrededor de un 20% de poder adquisitivo desde 2010.

Los trabajadores de este sector están padeciendo un incremento constante de las cargas de trabajo, a la que se añade el  aumento de la presión derivada de la falta de personal. Tomás Beas, responsable del sector en UGT, ha afirmado que “urge un cambio de modelo, un cambio estructural que entre a fondo en la problemática. Es necesario que se visualice a estas entidades sobre todo desde su perspectiva de prestar un doble servicio público, sanitario y de gestión de prestaciones de la Seguridad Social. Y dejar de entenderlas como meros agentes económicos que han de dejar un saldo positivo a las arcas de la Seguridad Social o como policías del absentismo”

UGT recalca que es necesario y urgente que Administración, Mutuas y sindicatos se pongan manos a la obra para recomponer un sector que presta servicio al año a 17 millones de personas en relación a accidentes de trabajo, casi 15 millones en el caso de las contingencias comunes y 3 millones de autónomos.