En el ecuador de su vigencia ¿Qué balance hacemos de los Acuerdos Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo y condiciones de trabajo?

Satisfactorio, pues en materia de empleo hemos conseguido reducir a la mínima expresión la tasa de reposición de efectivos, logrando la creación de empleo público neto, algo que no sucedía desde 2009.

Con respecto a la temporalidad, se están desarrollando (hay de plazo hasta 2020) innumerables procesos de estabilización que, respetando los principios constitucionales de acceso a las Administraciones Públicas, van a terminar con el abuso y el fraude en la contratación y nombramientos temporales por parte de las Administraciones Públicas, únicos responsables de la generación del problema.

En relación a las retribuciones, hemos conseguido ganar poder adquisitivo (casi un punto en 2018), senda que esperamos se consolide en 2019 con la subida, ya efectiva, del 2,25 (a ver cómo se comporta el IPC) y para 2020, si todo va bien, con un incremento previsto del 3’85%. Los salarios seguirán siendo nuestra prioridad en los próximos años.

Y sobre los derechos, hemos terminado con los descuentos salariales cuando estamos de baja por enfermedad, hemos ampliado el permiso por nacimiento, hemos abierto la espita para ir recuperando progresivamente la jornada laboral de las 35hrs. y hemos desbloqueado la formación para el empleo de los empleados públicos.

Una vez concluya en 2020 la vigencia de los Acuerdos para la mejora del empleo y condiciones de trabajo Y de cara al futuro ¿Qué estrategia va a seguir la FeSP-UGT y cuáles van ser sus prioridades?

Los Acuerdos suscritos sirvieron para revertir y restituir gran parte de los derechos y condiciones de los empleados públicos, pero ya hemos explicitado una propuesta que, dando continuidad a dichos Acuerdos, profundice en el desarrollo de muchas materias que consideramos imprescindibles, como la modificación normativa del Estatuto Básico y Estatuto Marco (en muchas materias), el desarrollo del EBEP en las CC.AA (sólo lo han desarrollado plenamente 4) y sus potencialidades positivas (carrera, clasificación, sistema retributivo, movilidad interadministrativa, etc.)

También el desarrollo del Estatuto del personal docente y el reconocimiento de la jubilación parcial.

Culminar todos los procesos de estabilización, exigiendo su prórroga en los sectores donde por el volumen de plazas/opositores resulte aconsejable. Continuar ganando poder adquisitivo mediante incrementos salariales superiores al IPC y Aprovechar la transformación digital de los servicios públicos en beneficio de los empleados públicos y la ciudadanía.

Después de año y medio de entrada en vigor de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público ¿Es posible afirmar que los aspectos sociales están teniendo un desarrollo adecuado?

La nueva Ley de Contratos del Sector público, al equilibrar el binomio precio-calidad, establece una serie de requisitos sociales y laborales a las empresas para poder acceder a la contratación pública, que debemos aprovechar para obligarlas a su cumplimiento, mediante la negociación colectiva. En temas tan esenciales como:

• Impulso de los convenios sectoriales.
• Fomento de políticas y planes de igualdad.
• Control de la subcontratación.
• Desarrollo de la subrogación laboral.

No obstante, conviene recordar que la inclusión de los aspectos sociales en la contratación pública va a depender de dos cuestiones básicas:

• La implicación sindical para su desarrollo, estando vigilantes de su desarrollo correcto (las “bondades” de la ley no se aplican de manera automática). A este respecto recordaros que hemos elaborado 2 guías sindicales para el uso de nuestras delegadas y delegados.
• La terminación de las antiguas concesiones, que se regulaban por la anterior ley, mucho menos garantista en materia social.