Las plataformas policiales acusan al Gobierno de obstruir la aplicación del proceso y perjudicar a miles de profesionales que podrían acceder a la jubilación anticipada a los 59 años. El carácter de la medida es voluntario y supone una importante mejora social. En la actualidad, cerca de 3.200 policías tienen más de 60 años y unos 4.000 tienen entre 55 y 60.
Las movilizaciones cuentan con el apoyo expreso de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En diciembre de 2016, los gobiernos locales alcanzaron un acuerdo donde se preveía que éstos pagaran el 85% de los costes de la jubilación anticipada, los agentes un 15% y el Gobierno de España no debía pagar nada. También se acordó que el proceso se haría efectivo el 1 de julio de 2017 o como muy tarde el 1 de enero de 2018. Sin embargo, el Gobierno sigue retrasando el proceso injustificadamente.
Esta manifestación se suma a las movilizaciones que se han sucedido en toda España desde el mes de marzo. La última, celebrada el pasado 6 de abril, contó con el apoyo de más de 15.000 miembros de la policía local. , que salieron a la calle en todas las capitales de provincia para urgir al Gobierno del PP a que cumpla ya los procedimientos legales que permitirán la aplicación de la jubilación anticipada a este colectivo.