El Sector de Enseñanza de FeSP-UGTreclama la equiparación salarial y de los servicios prestados de los docentes interinos con sus compañeros funcionarios. En la actualidad las diferencias existentes entre ambos grupos han generado una situación francamente discriminatoria, puesto que unos y otros ejercen las mismas funciones y durante los mismos periodos escolares, con una consideración muy desigual, que se acentúa también, dependiendo de la comunidad autónoma donde se ejerza, tal y como nos recuerdan continuas sentencias judiciales ante recursos individuales. La última, la de un juez de Madrid, dando la razón a un interino.
Como cada verano, desde el año 2012, los profesores interinos de los cuerpos docentes tienen que enfrentarse a una situación que se repite en la mayor parte de las comunidades autónomas: su despido el 30 de junio. Hasta el año 2010, los profesores recibían la retribución correspondiente a las vacaciones de verano. Sin embargo, desde el curso 2011-2012, varias comunidades revocaron el derecho de los interinos a cobrar esos meses de igual manera que lo haría un funcionario de carrera.
Con esta reivindicación, UGT denuncia la situación de un colectivo que se ha convertido en blanco de la crisis y de los recortes económicos. Hasta el 2011 la tónica general era que las profesoras y profesores contratados al inicio de curso para cubrir una plaza vacante en colegios e instituto estuvieran empleados hasta el 31 de agosto del año siguiente, o hasta el 14 de septiembre -en el caso de enseñanzas medias-, es decir, por todo el curso escolar. Por tanto, durante los meses de julio y agosto seguían cobrando normalmente y completaban las tareas de septiembre con los exámenes de recuperación.
Desde entonces la situación ha cambiado radicalmente, generando desigualdades importantes, no solo con respecto al profesorado funcionario, sino entre los propios docentes interinos y por territorio –es distinto un contrato por vacante o por sustitución-. En este momento, sigue habiendo comunidades en las
que las contrataciones, incluso vacantes por todo el curso, se hacen hasta el 30 de junio, como es el caso de Castilla-La Mancha.
Una vez más, la crisis económica ha sido el principal argumento esgrimido por las administraciones educativas para adelgazar los presupuestos dedicados a la partida, precarizando las condiciones laborales y deteriorando la calidad del servicio público educativo. Esta situación se deteriora aún más si no hay ninguna norma o acuerdo que la respalde, dejándola al albur de los Presupuestos anuales.
El Sector de Enseñanza de UGT exige la homologación de las condiciones económico-laborales del profesorado interino con las del resto de los compañeros funcionarios y plantea a las Administraciones educativas la necesidad de que hagan extensiva las sentencias que reconocen este derecho, de tal forma que se restituyan los derechos perdidos con el pago de los meses de vacaciones que les corresponden por su trabajo anual, así como el reconocimiento de los servicios prestados.
