Ni ayuntamientos ni IMAS cuentan con efectivos para atender a las 16.000 personas que se beneficiaran de este Reglamento
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Región de Murcia (FeSP-UGT) valora positivamente la aprobación del Reglamento de la Renta Básica de Inserción, tras más de 10 años de espera por parte de muchas familias, pero exige que se establezca un grupo de trabajo con presencia de las organización sindicales y del tercer sector para su puesta en marcha donde se establezca de forma clara y precisa las previsiones de dotación económica, planes de inclusión y dotación de personal tanto en la Administración regional como en los diferentes municipios de la Región.
Al respecto, FeSP-UGT considera que, aunque tarde, de la correcta puesta en marcha dependerá que se hagan realidad las expectativas de mayor protección a miles de familias en situación de pobreza, vulnerabilidad social, exclusión y falta de ingresos por cualquier circunstancia. Y para que ello sea posible, los Servicios Públicos tienen que estar preparados para poder implementar todas las medidas que este Reglamento recoge.
Por este motivo, FeSP-UGT muestra su preocupación ante las imprecisiones e importantes vacíos reglamentarios con los que nace esta norma y que afectan tanto a medidas de carácter económico (qué nuevos fondos están disponibles en los presupuestos públicos para hacerla efectiva), como por la falta de previsión de una mayor dotación de medios materiales y humanos en los que piensan apoyarse para su puesta en marcha.
Y es que ni ayuntamientos ni IMAS cuentan, a día de hoy, con los efectivos suficientes para poder atender a las 16.000 personas que según anuncia el Gobierno Regional, tienen previsto acogerse a este Reglamento el próximo 1 de julio de este año.
Por todo ello, FeSP-UGT insiste en la necesidad de formar un grupo de trabajo que resuelva y articule estas necesidades ya que sería tremendamente injusto que las esperanzas de miles de familias murcianas que han venido padeciendo la falta del de este mecanismo de protección social, se vean frustradas de nuevo por la falta de previsión de medios materiales y humanos básicos y que hoy son claramente insuficiente tanto en los ayuntamientos como en la administración regional, tras largos años de recortes de efectivos públicos y en ayudas sociales.
