El 23 de marzo saldremos a la calle para reivindicar una vez más la recuperación de derechos en el ámbito de las Administraciones Públicas. UGT y CCOO suscriben el siguiente manifiesto conjunto:
El actual crecimiento del PIB, tanto en 2016 como en las previsiones de 2017, debe contribuir al objetivo prioritario de crear empleo y reducir el número de personas desempleadas, así como en la mejora de las condiciones de calidad de vida del conjunto de la población, a través de un incremento del gasto social que potencie los Servicios Públicos y a sus empleados.
En el ámbito de las Administraciones Públicas debe restablecerse de inmediato el derecho a la negociación colectiva. Es necesaria la convocatoria, ya, de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y abrir urgentemente un proceso de negociación, habilitando a las Comunidades Autónomas y Administración Local la posibilidad de abrir procesos específicos de negociación, en el libre ejercicio de sus competencias.
La negociación colectiva debe contemplar, además del incremento retributivo para 2017, la reposición de los derechos hurtados por la legislación de crisis, con el consiguiente impulso a la creación de empleo público, junto con la reducción de la alta tasa de temporalidad y estabilidad del personal interino, lo que es imprescindible para la prestación con garantías y calidad de los servicios públicos que la sociedad demanda.
Las empleadas y empleados públicos queremos una respuesta favorable a nuestras demandas, que se mejoren las condiciones laborales (jornada 35 hrs, recuperación poder adquisitivo, percepción integra de retribuciones en situación de IT, etc.) recortadas por el Gobierno de forma unilateral y desde el reconocimiento de los esfuerzos para la recuperación económica, protagonizados por los colectivos de las personas que trabajan en las Administraciones Públicas
La reducción del desempleo es demasiado lenta y no se aborda adecuadamente el paro de larga duración que afecta al 56% de personas desempleadas, a lo que ha contribuido la destrucción de empleo público de estos últimos años. El paro juvenil alcanza el 43% (menores de 25 años). La precariedad laboral no se reduce, todo lo contrario, aumenta en un modelo de crecimiento basado en empleo de baja calidad, inestable y poco productivo, con una tasa de temporalidad del 26,5%.
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído 25 puntos en los últimos siete años, tan solo perciben una prestación el 55% de las personas registradas en los servicios públicos de empleo. Al mismo tiempo que más de 2,4 MM de personas cobran pensiones inferiores a los 700€ mensuales, donde el actual modelo de revalorización va a provocar una importante pérdida de poder adquisitivo.
España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre, con niveles de pobreza y exclusión social que afectan a 13,4 MM de personas. Además contamos con un sistema tributario que no recauda lo suficiente, redistribuye poco y con un nivel de fraude elevado.