El próximo 23 de octubre entra en vigor de la nueva Ley de Dependencia que prohíbe tajantemente privatizar las valoraciones y reduce a 3 meses el plazo máximo de resolución
UGT Servicios Públicos, ante la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Dependencia, exige al Gobierno regional y al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que acabe con la externalización inmediata, así como una Oferta de Empleo Público (OEP) urgente en el IMAS para contratar directamente a trabajadores sociales, médicos, psicólogos y terapeutas, dado que seguir delegando en empresas privadas será ilegal.
Hay que recordar que el próximo 23 de octubre de 2026 entrará en vigor la nueva Ley de Dependencia, por lo que el sindicato exige una reacción inmediata al Gobierno regional y al IMAS, ya que la nueva normativa prohíbe taxativamente externalizar, delegar o contratar con empresas privadas las valoraciones de dependencia y la elaboración de los PIAs (el Programa Individual de Atención, es decir, el ‘traje a medida’ que decide qué ayuda real recibe cada persona, ya sea plaza en residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia o prestación económica).
Hasta ahora, el IMAS ha abusado de encomiendas de gestión opacas y contratos externos. A partir del 23 de octubre, toda la cadena de valoración y resolución deberá estar estrictamente en manos de empleados públicos.
3 meses de plazo legal frente a los más de 500 días de la Región.
La Ley establece un plazo máximo improrrogable de 3 meses (90 días) para resolver de forma conjunta el grado de dependencia y el PIA. Frente a esta exigencia legal, la realidad en la Región de Murcia es bochornosa, con esperas medias que superan los 552 días.
El responsable del sector de Comunidad Autónoma de UGT Servicios Públicos, Fernando Córdoba, afirma que “si el Ejecutivo autonómico y la Función Pública no se ponen las pilas de inmediato, el Gobierno regional incurrirá en una situación de ilegalidad flagrante desde el primer día de aplicación de la norma”.
Córdoba considera quela excusa de la falta de recursos “se ha acabado”, al tiempo que explica que la propia Ley “aporta herramientas para agilizar trámites, como el acceso directo de los equipos públicos a los historiales clínicos del SMS, eliminando el papeleo absurdo que retrasaba todos meses, pero aun así hacen falta manos trabajando”.
Por todo ello, UGT exige a la Administración regional la convocatoria urgente de una Mesa Sectorial extraordinariamente enfocada a una (OEP) y la creación de bolsas de trabajo directas, con plazas estructurales de personal funcionario e interino de para Trabajo Social, Medicina de Valoración, Psicología, Terapia ocupacional y personal Administrativo de apoyo.
La nueva Ley también refuerza el control de las contratas en residencias y ayuda a domicilio, exigiendo estándares de calidad laboral y salarios dignos, y convierte la teleasistencia en un derecho universal irrenunciable.
Finalmente, UGT Servicios Públicos insiste en quelos derechos de las personas dependientes y sus familias no pueden seguir esperando en un cajón, por lo que exige al Gobierno murciano y al IMAS que dejen de mirar hacia otro lado, cumplan la Ley y blinden los servicios públicos con personal propio antes de que la Dependencia en la Región colapse definitivamente.
