Cada 25 de noviembre recordamos que la violencia machista no se limita a los golpes ni a las cifras que copan titulares. También está hecha de silencios, dependencias forzadas, renuncias obligadas y caminos que se estrechan hasta convertirse en un único destino posible. Y entre esas violencias invisibles, una destaca por su capacidad de condicionar vidas enteras: la desigualdad económica que impide a tantas mujeres la independencia necesaria para sostenerse y, sobre todo, salir de situaciones de violencia.
En un entorno laboral cada vez más precario, donde los contratos se encogen y los sueldos apenas logran cubrir lo básico, la pobreza que cada día es más acusada, aun teniendo un empleo, hacen que el derecho a una vivienda digna, reconocido en la Constitución se haya convertido en un muro difícil de escalar. Pero para muchas mujeres ese muro es doble. Lo es porque ellas siguen soportando la mayor carga de empleos temporales, parciales y peor remunerados. Y lo es porque, cuando la independencia económica tambalea, también lo hace la libertad para decidir dónde y cómo vivir.
Lo escribo no solo como análisis social, sino desde la experiencia cercana: compañeras que siguen compartiendo piso, e incluso habitación, a los treinta años de edad porque ningún casero acepta su contrato de meses; compañeras que regresan a casa de sus padres después de un despido, sintiendo que retroceden aun cuando no hicieron nada mal; mujeres que aguantan relaciones que ya no desean, o que las dañan, porque el alquiler de una habitación consume la mitad de su sueldo. A veces, la violencia machista toma la forma de una llave que no puedes pagar para abrir la puerta de tu propio hogar.
La crisis de la vivienda en España, alquileres disparados, escasa vivienda pública, sueldos insuficientes, contratos basura… nos golpea a todos por igual. La brecha salarial, los cuidados no remunerados y la discriminación laboral hacen que la independencia económica femenina sea más frágil. Esa fragilidad, en un país donde la vivienda se ha convertido en un bien especulativo, se transforma en vulnerabilidad. ¿Cómo salir de una relación abusiva si el precio del alquiler es inasumible? ¿Cómo empezar de cero si lo que ganas apenas cubre un transporte y la comida? ¿Cómo denunciar si sabes que, tras hacerlo, podrías no tener a dónde ir?
Es aquí donde la vivienda deja de ser un problema material para convertirse también en un problema de derechos. La falta de políticas valientes, un parque público ínfimo, ayudas insuficientes y escasa regulación del mercado perpetúa un escenario donde muchas mujeres no encuentran salida. Porque sin hogar propio no hay proyecto de vida; y sin estabilidad laboral, acceder a ese hogar es casi imposible.
La violencia económica, esa que te obliga a depender, a pedir permiso, a permanecer, es una de las más normalizadas y que nunca se debería haber permitido, esa que te silencia y te hace aguantar en el tiempo, en la zona oscura de la vida. No aparece en las estadísticas del 25N, pero atraviesa la vida de miles de mujeres que no pueden huir porque no pueden pagarlo. Por eso, cuando hablamos de políticas de vivienda, hablamos también de políticas contra la violencia machista. Garantizar alquileres asequibles, ampliar la vivienda pública, ofrecer recursos específicos para mujeres en situación de violencia y revertir la precariedad laboral femenina no son medidas sectoriales: son medidas de protección.
En este 25N, es necesario decirlo con claridad: la erradicación de la precariedad laboral, es una herramienta de libertad, una forma de defensa y un paso decisivo contra cualquier forma de violencia. Y sin políticas que permitan a las mujeres construir una vida propia, seguiremos condenando a muchas a vivir en espacios que no eligieron, con personas que no aman, bajo dependencias que no merecen.
Quizá por eso escribir este artículo de opinión, es también incidir en la importancia de la vivienda en un momento temporal en el que se abre el debate a la sociedad y las políticas de protección a la mujer han de hacer realidad la estabilidad en el empleo y la lucha contra la precariedad laboral como signo inequívoco de que si se persigue con contundencia se tendrá mucho camino recorrido; es escribir sobre personal que conozco, mis compañeras, mis vecinas, sobre esa generación que creció creyendo que lo tendría todo y que hoy lucha por algo tan básico como un empleo, una llave, un techo y la posibilidad real de empezar de nuevo.
En este 25N, reivindicar el empleo y la vivienda es reivindicar la libertad. Y sin libertad, ninguna violencia desaparece: solo cambia de forma para seguir ahí, silenciosa, cotidiana, persistente.
Artículo de opinión de Antonio Martínez Peñaranda, secretario general de UGT Servicios Públicos Región de Murcia, publicado en La Verdad de Murcia el 19 de noviembre de 2025.
