El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, y el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, Dionis Oña, han presentado en el día de hoy el informe “La Situación Sociolaboral de las Personas de 46 a 64 años”, un colectivo con un peso importante en nuestra estructura económica y sociodemográfica que está sufriendo de manera considerable los efectos de esta crisis.
En el año 2013 había cerca de dos millones de parados con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años, 800.000 de los cuales llevaban dos años o más buscando empleo. Además, más de medio millón de personas entre estas edades se vieron afectados por la rotación laboral, con cuatro contratos de trabajo distintos firmados en ese mismo año y caracterizados por ser puestos de baja cualificación, con baja formación, en actividades muy afectadas por la crisis.
Este colectivo representaba en el último trimestre de 2013 más del 26% del total, dos puntos más que en 2007, y se constituyen como el grupo en el que se encuentran la mayoría de las personas sobre quienes recae la responsabilidad de sus hogares familiares. Por ello, la caída en su empleo y la persistencia del paro tras seis años de crisis tienen costes muy graves tanto para ellos como para nuestra economía, y su salida anticipada del mercado laboral conlleva, además, un descenso importante de la población activa.
Costes individuales como el aumento del riesgo de pobreza respecto a otros grupos de edad, ya que disminuyen sus ingresos y ponen en riesgo su futura pensión; y costes sociales y económicos, ya que al ser parados de larga duración aumentan los gastos públicos asistenciales y en prestaciones y son una amenaza, a largo plazo, para la viabilidad de los sistemas de pensiones.
La política de este Gobierno no cumple con las personas de más edad, que los excluyen de sus políticas activas, y los cambios en la protección por desempleo tienen un visible impacto negativo, tanto en su renta actual como en la expectativa de derechos de pensión de los más mayores.
Por ello, resulta imprescindible una respuesta coordinada de Gobierno y agentes sociales y económicos para no denostar a este colectivo, fijando objetivos inmediatos para incrementar su tasa de empleo. Los costes de no hacerlo son claros e inasumibles para el futuro de nuestra sociedad porque, ni siquiera en un contexto de expansión económica, se podrán recuperar los niveles que se obtuvieron antes de la crisis para estas personas.
En este sentido, cabe destacar el acuerdo tripartito firmado en julio entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y las empresariales, en el que se fija la aprobación de una prestación de carácter asistencial para las personas entre 46 y 64 años, con una dotación suficiente de recursos (que tengan el consiguiente reflejo en las partidas presupuestarias) con el fin de que este colectivo no quede excluido definitivamente de nuestra sociedad y esto afecte, de manera considerable, al futuro social y económico de nuestro país.