Los sindicatos UGT Servicios Públicos y CCOO han formalizado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia recurso contencioso administrativo especial para la protección de derechos fundamentales con relación a una resolución del rector de la Universidad de Murcia mediante la que se aprobó la convocatoria de contratos predoctorales del Plan de Fomento de la Investigación de la Universidad de Murcia para 2023.

Ambos sindicatos denuncian que el rector de la Universidad de Murcia ha lanzado esta convocatoria sin respetar los principios básicos de negociación obligados por ley en este tipo de contrataciones. Para UGT Servicios Públicos y CCOO Enseñanza se trata de un hecho de extremada gravedad, ya que atenta contra procedimientos básicos que tiene que respetar la contratación en el sector público. UGT Servicios Públicos y CCOO Enseñanza han trabajado durante muchos años para lograr que estas personas sean consideradas trabajadoras de pleno derecho y puedan tener contratos y cotizar a la seguridad social, algo que ya es una realidad bien establecida en nuestro país.

Para Antonio Martínez Peñaranda, responsable de UGT Servicios Públicos de la Región de Murcia, “es necesario proteger a las personas que hacen ciencia, empezando por su reconocimiento como trabajadoras de pleno derecho en las instituciones en las que desarrollan su labor. La ciencia sólo es posible si apostamos por las personas, que son su mejor activo. Su bienestar laboral y sus derechos como trabajadoras son elementos estratégicos para garantizar una sociedad basada en la ciencia y el conocimiento”. UGT Servicios Públicos brindará siempre toda la asistencia y protección laboral a las personas que trabajan en ciencia.

Para Nacho Tornel Aguilar, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO RM, “es preciso proceder a una rectificación por parte del Rectorado para recuperar el procedimiento correcto y el respeto a la función sindical en este proceso. No estamos ante personas becarias, sino personas trabajadoras sujetas a contratación, y el Rectorado debería ser el primero en asumirlo y actuar en consecuencia”.