El sindicato ha mostrado su preocupación por la brecha digital, que obstaculiza el acceso a los servicios públicos de las personas mayores o con dificultades en el manejo de la tecnología
UGT Servicios Públicos ha denunciado, nuevamente, la falta de personal que sufre el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y ha exigido al Gobierno que incremente las plantillas del organismo para poder atender adecuadamente a la ciudadanía. Durante su intervención hoy en el Consejo General del INSS, el portavoz del sindicato ha acusado a la Administración de pasividad frente al continuado e inexorable deterioro que sufre el INSS, víctima de la pérdida constante y la mala gestión de efectivos. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social han perdido más de la cuarta parte de sus efectivos y han visto incrementadas sus cargas de trabajo con la atribución de nuevas competencias.
El sindicato, además, ha señalado su discrepancia con los datos que aporta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante el Consejo, que califica de sesgados y poco relevantes para mostrar la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras del INSS y el drama de la ciudadanía, que no puede ejercer sus derechos.
UGT ha presentado un exhaustivo informe donde facilita datos sobre la falta de disponibilidad de citas previas, por ejemplo, o donde se pone de manifiesto el desbordamiento de cientos de llamadas telefónicas que han quedado desatendidas –solamente de enero a febrero del presente año se contabilizaron más de 733.000-. Corrobora este colapso del INSS las quejas recibidas en 2020, que casi triplicaron las de 2019, situándose en más de 3.000. En el año 2021, aunque disminuyeron con respecto anterior, siguieron siendo muy altas, casi el doble que antes de la pandemia.
El sindicato ha mostrado su preocupación por las desigualdades que esta política está generando: se obstruye el acceso de la ciudadanía a la información telefónica y, también, se le impide acercase a los centros del INSS para conseguirla. Existe, además, una brecha digital creciente y que está dificulta el acceso a los servicios públicos de las personas mayores o con dificultades en el manejo de la tecnología. Si un sector como la Banca ha tomado medidas, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad y dejar fuera de servicios públicos esenciales, precisamente a los más necesitados.
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